Ley de protección a datos personales

Los sitios web deben asegurar que el tratamiento de datos  esté dentro de la ley, lo que implica contar con una base legal válida para tratar los datos personales, siendo el consentimiento previo, expreso, informado y específico del titular una de las principales. Dicho consentimiento debe ser otorgado mediante acciones afirmativas claras y verificables, especialmente en formularios digitales y mecanismos de registro en línea.

Asimismo, existe un deber reforzado de información y transparencia, que obliga a los sitios web a mantener políticas de privacidad claras, accesibles y permanentemente disponibles. Estas políticas deben informar, al menos, la identidad del responsable del tratamiento, las finalidades específicas del uso de los datos, las categorías de datos recopilados, el plazo de conservación, las transferencias nacionales o internacionales que puedan realizarse y los derechos que asisten a los titulares.

Los sitios web también deben garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los titulares, incluyendo los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo de datos. Para ello, deben habilitar canales electrónicos simples y gratuitos que permitan a las personas ejercer dichos derechos dentro de los plazos legales establecidos.

 En materia de seguridad, la nueva ley impone un deber de protección técnica y organizativa, exigiendo la adopción de medidas adecuadas para resguardar los datos personales contra accesos no autorizados, pérdidas, filtraciones o usos indebidos. Esto resulta especialmente relevante para páginas web que operan mediante cookies, sistemas de seguimiento, comercio electrónico o plataformas de autenticación de usuarios.

Adicionalmente, los responsables de sitios web deben cumplir con el principio de responsabilidad proactiva, lo que implica no solo cumplir la normativa, sino también ser capaces de demostrar dicho cumplimiento ante la Agencia de Protección de Datos Personales. Esto incluye mantener registros de actividades de tratamiento, documentar políticas internas y, en los casos que la ley lo exige, designar un Delegado de Protección de Datos.

Finalmente, el incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a sanciones administrativas significativas, que incluyen multas elevadas y otras medidas correctivas, además de eventuales responsabilidades civiles derivadas del tratamiento indebido de datos personales.